Las playas de la Comunitat Valenciana se llenan cada verano de bañistas, pero detrás del paisaje soleado hay una realidad preocupante: los socorristas trabajan en condiciones precarias y sin una regulación clara que garantice su seguridad ni la de los bañistas.
Precariedad laboral y riesgos para la salud
Salvador Perelló, vicepresidente de la Federación de Salvamento y Socorrismo de la Comunitat Valenciana, alerta que los socorristas no sólo vigilan vidas sino que, en muchos municipios, son usados para tareas alejadas de su función. El salario apenas alcanza el mínimo, las jornadas son largas y las condiciones laborales, duras, con exposición continua al sol y sin instalaciones adecuadas.
En València, por ejemplo, denuncian la falta de agua refrigerada y equipamiento correcto para prevenir golpes de calor, un problema que ya se reconoció en Barcelona tras una sentencia por enfermedades laborales en este colectivo.
Vacío normativo y formación desigual
La Comunitat Valenciana carece de una orden autonómica que establezca requisitos mínimos de formación y protocolos de seguridad para socorristas. Esto genera situaciones donde profesionales con apenas cursos online simples trabajan junto a quienes tienen 420 horas de formación reglada, sin que exista un control claro.
Un decreto aprobado en 2020 no se concretó y cinco años después sigue sin desarrollarse, dejando la profesión en un limbo jurídico. La adjudicación de servicios al menor coste deteriora la calidad, con recortes en salarios, equipamiento y formación.
Falta de reconocimiento y soluciones pendientes
El certificado profesional de 420 horas es la vía para garantizar socorristas cualificados, pero su coste elevado y la temporalidad del empleo desincentivan la formación adecuada. Incluso se promocionan cursos muy breves, como uno de 20 horas en Torrevieja, que no preparan a los socorristas para sus responsabilidades.
La Federación reivindica ampliar la temporada de baño para dar estabilidad al sector, mejorar salarios y profesionalizar el servicio. Considera que el socorrismo debería ser reconocido como un servicio público esencial, no un gasto.
Un servicio vital en riesgo
La denuncia presentada por CGT y la intervención de la Inspección de Trabajo han puesto en evidencia las deficiencias, pero un cambio profundo depende de la voluntad política y la profesionalización real del sector.
Mientras tanto, la seguridad en playas y piscinas depende de socorristas mal pagados, expuestos al calor y sin respaldo legal claro. La pregunta está en el aire: ¿se seguirá viendo el socorrismo como un gasto o como la diferencia entre la vida y la muerte?