El Ayuntamiento de Mieres está en el ojo del huracán por un conflicto laboral que le costará caro, muy caro. Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado multas coercitivas de 2.000 euros por semana, impuestas tras una disputa con una empleada municipal que los tribunales respaldaron.
Una demanda con años de historia
Todo comenzó en octubre de 2024, cuando una trabajadora con 47 años en el Ayuntamiento solicitó acceso a un contrato relevo, un derecho amparado por el convenio laboral. Sin recibir respuesta, llevó el caso a la justicia, que en marzo de 2025 falló a su favor, con efecto retroactivo desde junio de 2024.
El Ayuntamiento entra en modo dilación
En lugar de aceptar la sentencia, el Ayuntamiento apeló, retrasando la ejecución. En respuesta, el juzgado ordenó cumplir en cinco días, bajo amenaza de responsabilidades personales para los políticos implicados. Finalmente, el Ayuntamiento acató, pero de forma tardía y deficiente.
Consecuencias para la trabajadora y los vecinos
Durante el proceso, la normativa cambió y la Seguridad Social rechazó tramitar la pensión, lo que disminuyó el monto para la empleada. Por eso el juzgado impuso una multa de 2.000 euros por cada semana de incumplimiento, un gasto que, recuerdan desde CCOO, recaerá en las arcas públicas y, por ende, en los impuestos de vecinos.
CCOO exige responsabilidades
El sindicato acusa al Ayuntamiento de «inacción y obstinación» y pide que no sea la ciudadanía quien asuma los costos de una gestión que consideran negligente. Más que un problema laboral, esta saga se ha convertido en un agujero económico para Mieres.
