La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya alza la voz ante la regularización extraordinaria de migrantes que acaba de aprobar el gobierno español. Según este colectivo, las prisas y la burocracia pueden dificultar que muchas personas puedan legalizar su situación.
Pocos días y muchos papeles
El decreto aprobado por el Consejo de Ministros exige a los solicitantes presentar certificados oficiales, con requisitos que se han endurecido respecto a la propuesta inicial. No basta con una declaración responsable; hace falta acreditar, por ejemplo, que no se tienen antecedentes penales mediante documentos oficiales.
Además, se debe demostrar una residencia continua en el Estado de al menos cinco meses antes de la solicitud y haber vivido en España antes del 31 de diciembre de 2025. Solo serán beneficiarios aquellos que cumplan estas condiciones y se encuentren en alguno de los grupos específicos: solicitantes de asilo, personas con menores a cargo, con oferta de empleo o en situación de vulnerabilidad.
Un sistema con grietas visibles
La Taula denuncia que el tiempo otorgado para presentar solicitudes es insuficiente y el proceso está cargado de trámites complicados. La complejidad administrativa puede dejar fuera a muchas personas que, a pesar de tener derecho a regularizar su situación, no logren superar estos obstáculos.
Para poner cifras sobre la mesa, el colectivo recuerda que cerca del 48,6% de personas sin nacionalidad española están en riesgo de pobreza o exclusión, frente al 17% de quienes sí la tienen. Esta realidad urgente convierte la regularización en una cuestión imprescindible para garantizar derechos y condiciones de vida dignas.
Reclamos y apoyo social
Desde el Tercer Sector Social exigen información clara y trámites simplificados, además de atención presencial y recursos suficientes desde el primer día. Las entidades sociales están dispuestas a acompañar a las personas en el proceso para que puedan ejercer este derecho con todas las garantías.
Sin embargo, advierten que este es solo un paso en un camino largo, y que los problemas estructurales del sistema no desaparecerán con esta medida puntual. Por eso, piden una apuesta de recursos a largo plazo para atender realmente las necesidades de la población migrante.
