El próximo 23 de abril, la Alianza por las Infraestructuras del Estado que Asturias Necesita se sentará a discutir cómo avanzar en el recurso contra el polémico peaje del Huerna (AP-66). La reunión llega tras el rechazo del Ministerio de Transportes a anular la prórroga de la concesión de esta autopista, decisión que para el Principado incumple la legalidad y debe ser revisada por el Tribunal Supremo.
Rechazo ministerial y respuesta asturiana
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias convocó a la Alianza para abordar una respuesta conjunta después de que el Gobierno central descartara analizar a fondo la nulidad de la prórroga. Asturias considera esta maniobra una evasión legal y prepara una demanda contencioso-administrativa ante el Tribunal Supremo.
¿Qué hay detrás del conflicto?
El Principado sostiene que la prórroga añadida hasta 2050 altera sustancialmente el contrato original, alargando su duración en 29 años y modificando las condiciones económicas en beneficio de la concesionaria. Según la legislación europea, tales cambios deberían haberse sometido a licitación pública, con transparencia y competencia, algo que no ocurrió.
Además, la ampliación ha entregado ventajas económicas significativas —financiación prolongada, mejores condiciones tributarias y retrasos en la devolución de anticipos públicos— que alteran el equilibrio financiero en favor de la empresa concesionaria.
Apoyo legal y social
La Comisión Europea ya ha abierto un procedimiento por infracción contra España por esta prórroga. También el Consejo Consultivo del Principado de Asturias identificó causas claras de nulidad. Por eso, el Gobierno regional enfatiza que la cuestión no es política, sino jurídica, en defensa de los derechos y los intereses de los ciudadanos asturianos afectados por este peaje.
¿Qué viene ahora?
La reunión del 23 de abril pretende unificar estrategias y fortalecer la posición común con agentes económicos y sociales. El objetivo es claro: suprimir el peaje del Huerna y asegurar un pronunciamiento jurídico firme sobre la legalidad de la prórroga, que consideran ilegal y perjudicial para Asturias.
