En Cataluña, la regularización extraordinaria para extranjeros sin papeles enfrenta un obstáculo gigante: las personas sin hogar que no tienen documentos apenas saben qué trámites hacer o qué papeles presentar. La entidad Arrels, que atiende a estas personas, alerta que muchas podrían quedar fuera para siempre.
¿Quién puede acogerse a la regularización?
La norma permite regularizar a los extranjeros que entraron en España antes del 1 de enero de 2026 y que demuestren haber vivido cinco meses seguidos en el país al momento de solicitarlo. Fácil de decir, pero para quienes no tienen un domicilio fijo ni papeles es un muro casi imposible de cruzar.
El gran problema: la falta de documentación
Según Arrels, el 75% de los extranjeros sin hogar en Barcelona carece de documentación. Algunos la perdieron, otros se la robaron. Sin pasaporte, sin certificado de empadronamiento o documentos oficiales, acumular pruebas es una misión titánica.
Un certificado médico o testimonios de vecinos pueden ayudar, pero no garantizan nada. La ley acepta pasaportes (vigentes o caducados) o cédulas de inscripción españolas, pero obtenerlas requiere tiempo, recursos y contactos con los países de origen que muchos no tienen.
El requisito de acreditar vulnerabilidad es irónico
El decreto parte de la base de que los extranjeros irregulares están en situación vulnerable, pero exige un informe social para probarlo. Muchas personas sin hogar no están atendidas por servicios sociales, así que carecen de este documento. Las entidades colaboradoras intentan suplir este vacío, aunque se enfrentan a un cuello de botella burocrático.
Antecedentes penales: otro laberinto
Se pide un certificado de antecedentes penales de los últimos cinco años. Para quienes tienen pasaporte en regla, el trámite es lento pero posible. Para quienes no, la situación es desesperante: sin documentos, no pueden pedir los antecedentes, y sin ellos no hay regularización.
Los costes, la cereza amarga
La regularización tiene una tasa de unos 40 euros, pero ese monto crece con cada papel que necesiten quienes no tienen documentos. Algunos países cobran hasta 150 euros por certificados. Arrels asumirá esos gastos para sus usuarios, pero reclama más apoyo del Estado.
¿Qué viene ahora?
Las entidades como Arrels están lanzadas a ayudar a estas personas a presentar sus expedientes, pero sin garantías de éxito. La pregunta que queda en el aire es: ¿quién piensa en los que viven literalmente fuera del sistema? Sin un cambio en las reglas o recursos, muchos seguirán siendo invisibles para la ley.
Por ahora, la regularización extraordinaria peligra en convertir a los que más la necesitan en los que menos pueden beneficiarse.
