El decreto del Gobierno español que incluía la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler entre 2026 y 2027 ha quedado descartado en el Congreso de los Diputados. La oposición conjunta de Junts, PP y Vox han impedido que se convalide la medida, que protegía los contratos durante dos años después de su expiración.
El fin de una protección temporal
La prórroga estuvo vigente durante apenas 37 días. Para quienes solicitaron esta extensión dentro de ese plazo, la ley se mantiene, pero nadie más podrá beneficiarse. Así, la protección de los contratos de alquiler que terminan en ese rango de fechas se desvanece.
Las razones detrás del 'no'
Junts ha justificado su voto en contra por no poder incluir en el texto medidas que consideraban esenciales, como aumentar ayudas fiscales para propietarios y exenciones de IVA a autónomos, demandas también respaldadas por la Unión Europea. Miriam Nogueras, líder de Junts en Madrid, señaló que no se daban las condiciones para apoyar el decreto.
PP y Vox, por su parte, también se alinearon en contra, sumando fuerzas con Junts para tumbar la medida.
Negociaciones abiertas y aclaraciones oficiales
El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha mostrado disposición a negociar y modificar el texto para incorporar las propuestas de Junts, aunque sin incluir al PSOE por ahora. Se esperan nuevas conversaciones en los próximos días.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, del PSOE, pidió a los grupos parlamentarios que piensen en sus votantes y recordó que también hay electores del PP que viven de alquiler y quieren ver sus contratos renovados y congelados. Sin embargo, no explicó cómo abordarán las demandas presentadas ni los próximos pasos tras el decaimiento del decreto.
Esta caída del decreto refleja las dificultades para consensuar políticas habitacionales en un Parlamento fragmentado, donde las posturas ideológicas y las exigencias de los grupos pesan más que la urgencia de proteger a quienes alquilan vivienda.
