Desde la entrada en vigor el 16 de marzo de 2024, la Generalitat de Cataluña ha abierto 529 expedientes sancionadores contra propietarios que supuestamente violan la ley que limita el precio de los alquileres en zonas tensionadas.
La mayoría de las investigaciones están en fase preliminar, con solo siete casos que han derivado en expedientes formales. La principal infracción detectada es el cobro de rentas superiores a los máximos permitidos.
Un despliegue progresivo y coordinado
El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica coordina la unidad inspectora que, de forma progresiva, verifica el cumplimiento de la normativa, colaborando estrechamente con municipios, principalmente en Barcelona donde ya se han realizado inspecciones conjuntas.
El 74% de las investigaciones se inició por la propia inspección, mientras que el 26% responde a denuncias de particulares. En total, el 89% está en fase de diligencias previas, que es el período inicial de investigación.
Motivos y resultados de las investigaciones
El 79% de los casos se relaciona con cobros que superan los límites legales de renta. También se analizan posibles irregularidades como gastos indebidos de gestión inmobiliaria y falta de acreditación de grandes tenedores.
De los 529 expedientes, un 10% ya ha sido archivado, principalmente porque el contrato de alquiler es anterior a la entrada en vigor de la ley y por tanto no está sujeto a la misma.
Distribución territorial
Barcelona concentra el 76% de los casos (402 expedientes), seguida por Tarragona (60), Girona (48) y Lleida (19). La ciudad de Barcelona acumula el 40% de los expedientes con 210 investigaciones, seguida de Girona, Badalona y Sitges.
