La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha puesto el dedo en la llaga: existe un recargo invisible en la factura de la luz que paga el mantenimiento inactivo de las centrales de ciclo combinado de gas tras el gran apagón. Este llamado "impuesto del miedo" cuesta a cada familia asturiana unos 54 euros al año, lo que suma más de 55 millones de euros anuales para las eléctricas.
Un rescate encubierto a costa de los consumidores
Según Dacio Alonso, presidente de UCE, mientras las grandes eléctricas --Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Total Energies-- ganan milisegundos tras milisegundos, contando beneficios millonarios que alcanzan los 2,6 millones de euros por hora, los ciudadanos sostienen el coste de mantener centrales que poco más hacen que estar en "modo ralentí". Según la UCE, con esos 55 millones se podría pagar la factura eléctrica a 50.000 familias vulnerables de Asturias durante tres años.
¿Dónde está el recargo?
Este coste extra no aparece explicado a simple vista. Se denomina "ajustes del sistema" y se cuela en la factura como una sombra opaca que nadie termina de entender. Alonso lo llama "impuesto al miedo" porque se vincula con la seguridad energética post-apagón, aunque la responsabilidad real de la inestabilidad se haya señalado a diferentes actores y tecnologías, incluidas las renovables, donde por cierto se ha intentado colocar la culpa para justificar este gasto en centrales de gas.
Una estafa consentida por el Gobierno
Para UCE, es intolerable que en pleno récord de beneficios para las eléctricas, los consumidores tengan que pagar ese "modo ralentí". Se acusa al Gobierno de permitir esta práctica sin transparencia y se exige que se desglosen claramente los costes en la factura para que cada euro se sepa a dónde va.
Avances en la protección al consumidor
Aun con este panorama, la UCE valora el nuevo Real Decreto 88/2026, que pone freno al spam telefónico y protege al consumidor de prácticas comerciales abusivas. A partir de ahora, las llamadas de comercializadoras deberán mostrar un prefijo 400 y la contratación telefónica sin propuesta escrita será nula.
Además, se introduce la "multicontratación", que permitirá a los consumidores contratar con distintas comercializadoras para diferentes usos bajo un mismo contador, impulsando la competencia y favoreciendo mejores opciones para el usuario.
En resumen, mientras la factura de la luz esconde un impuesto que pocos conocen, la presión ciudadana busca poner luz sobre lo que pagamos y cómo debería financiarse la seguridad energética: no con miedo, sino con transparencia y justicia.
