Desde 2018, salvo en el 2021 por la pandemia, la Supercopa de España se disputa fuera de España. La sexta edición consecutiva se celebra en Arabia Saudita, un país con un historial alarmante en materia de derechos humanos.
Un torneo en tierras controvertidas
Del 7 al 11 de enero de 2026, el Alinma Stadium de Jeddah acoge a los cuatro equipos españoles: Barcelona —campeón vigente—, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) defiende esta decisión argumentando un aumento considerable en los beneficios económicos. El año pasado, el torneo generó 51 millones de euros frente a los 2,5 millones cuando se disputaba en España (2017).
El precio de la imagen internacional
Detrás de estas cifras está la estrategia conocida como 'sportswashing': Arabia Saudita invierte millones en eventos deportivos para mejorar su imagen y ocultar problemáticas como la represión política y las violaciones a derechos fundamentales. Según la Universidad de Oxford, Arabia Saudita tiene una puntuación de 2.08 sobre 10 en su índice de democracia 2024, reflejando un régimen autoritario.
Contexto de derechos humanos
La organización independiente Saudi-European Organisation for Human Rights (ESOHR) reporta un récord histórico de 347 ejecuciones en 2025, superando las 345 del año anterior. Además, Arabia Saudita sigue aplicando castigos corporales y prohibiciones estrictas que afectan especialmente a las mujeres y minorías. Según Reporteros Sin Fronteras, ocupa el puesto 162 de 180 en libertad de prensa y mantiene a 19 periodistas encarcelados.
Contrastes en el fútbol español
Algunos jugadores y figuras de la Liga española han expresado su rechazo. Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, calificó como 'una mierda' jugar la Supercopa en Arabia Saudita. Sin embargo, la mayoría opta por el silencio, mientras la RFEF y clubes reciben enormes ingresos económicos.
El fútbol femenino también se ha pronunciado; jugadoras como Aitana Bonmatí y la Asociación de Futbolistas Españoles se oponen firmemente a disputar competiciones en un país con tales restricciones para las mujeres.
Conclusión
El torneo representa un choque entre ganancias económicas y derechos humanos. La colaboración de instituciones deportivas con el régimen saudí ha suscitado críticas por usar el deporte para legitimarse internacionalmente, en un país donde las libertades básicas siguen siendo severamente restringidas.
